Ya no hay vuelta atras

YA NO HAY VUELTA ATRÁS

Las crecientes desigualdades hacen alejar objetivamente toda idea de ese mito capitalista del “café para todos”. Tengo la esperanza de un despertar colectivo cuando además del “café” falte el pan y los enfermos se mueran por falta de medicinas o por no poder pagar los hospitales. El despertar es ya¡

NO HAY  VUELTA ATRÁS
Los cantamañanas están de moda en los gobiernos europeos sacudidos por la estafa y el golpe de estado de los banqueros contra las democracias. No pasa día sin que se cuente a los pueblos maltratados del sur de Europa que en uno o dos años “comenzarán” a salir de lo que llaman “la crisis”. Naturalmente, todos los cuentistas mienten, y los del Club Marca España los que más. Mienten, entre otras razones, porque están asustados. Le han cogido miedo a tanta manifestación. Ellos, que venían tan ufanos a intentar vivir a cuenta de la “herencia recibida” del gobierno anterior para seguir haciendo aeropuertos sin aviones, y la vista gorda a las fechorías de sus amigos del alma, se encuentran que no hay un solo sector ni grupo político, ni sindicato que no se les grite a diario lo malos gobernantes que son y el desprecio que se les tiene.

Funcionarios de todo tipo, incluidos jueces y abogados, personal sanitario, trabajadores de todos los ramos, plataformas de apoyo a los desahuciados, pensionistas, y hasta niños de las escuelas okupan (con K) las calles una y otra vez para decir NO, comprobando cada vez que estamos ante un gobierno de sordos, ciegos, incompetentes y siervos de los señores banqueros y de los monseñores obispos, que son los únicos que no tienen queja alguna. Y es natural, los primeros nos roban legalmente, recuperan sus pérdidas con nuestro dinero, nos siguen desahuciando y se niegan a prestar a las empresas porque prefieren jugar al Monopoly, que es un juego de truhanes. ¿Y de los segundos, qué podemos decir, sino que mientras se llenan las calles de manifestantes ellos reciben alrededor de diez mil millones de euros con los que podrían evitarse casi todos los recortes en sanidad, pensiones, ayudas sociales y educación?

Es bueno recordar que los obispos siguen sin pagar impuestos por sus fincas, sus casas, sus palacios o sus ingresos monetarios. Y además tienen el monopolio de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas por profesores que nombran y quitan los monseñores (tengan a o no una carrera de pedagogos) pero que pagamos los españoles, aunque seamos anticlericales. Nosotros podemos decir que los somos, en cambio ellos, la jerarquía católica, no puede decir que sea cristiana sin que les crezca la nariz. Pues ¿acaso Cristo callaría ante tanta falta de amor, tanta falta de generosidad, tanta insolidaridad, tanto silencio y tan poca compasión como muestran los monseñores? O se está con Cristo o en contra. Esta es la cuestión.
Pero apliquemos una vez más nuestra lupa al mapa general de los países empobrecidos artificialmente como el nuestro. Hagamos causa común.
Nos deslizamos en un tobogán vertiginoso sin que veamos más allá de unos cuantos metros delante de nosotros, los justos para saber que avanzamos hacia algo que ya no tiene vuelta atrás. Ya no tiene vuelta atrás el bajo nivel de empleo ni el fin de la abundancia en los países ricos, mientras se estanca el avance de los países emergentes y se empobrecen de un modo salvaje los ya pobres. Y ya pueden contarnos que la crisis se acabará en este año o en el otro. La crisis está bajo su control – la provocaron para que tuviera estos efectos- y es la forma de vida que han diseñado para nosotros, basada en el dominio, la explotación, el control, la división y la sumisión sin medida. Podemos preguntarnos si tenemos futuro, y podríamos responder que eso va a depender de nosotros, de nuestra decisión para cambiar el presente; de nuestra tenacidad y especialmente de que consigamos una masa crítica suficiente de gentes con la conciencia despierta. Todo esto es fundamental, imprescindible.

El problema para muchos que aún no han despertado a la realidad es el miedo y la incertidumbre, pero a la vez siguen atrapados creyendo que el Sistema tiene soluciones. Las tiene, pero no están dispuestos a aplicarlas ni banqueros ni ricos de los paraísos fiscales. Tampoco la Iglesia, porque forma parte del club de los ricos indiferentes al sufrimiento ajeno.
En esta situación muchas personas no consiguen lo que desean y envidian u odian a quienes realizan sus propios anhelos, como son los ricos y poderosos, pero a la vez les admiran, imitan en lo que pueden, y les votan. Son muchos aún los que miran a los manifestantes desde sus ventanas creyendo que no va con ellos. Por eso las cosas no mejoran fácilmente. Y hasta que despierta del todo, el que mira por la ventana o pasa por la acera ajeno a lo que gritan las pancartas sigue votando a amos tras amos, acudiendo a los templos de los fariseos y escuchando con admiración a los escribas, porque en el fondo quieren ser como ellos, poseer las cosas que ellos poseen, y recibir los reconocimientos y fama que se les tributan. Los ignorantes y miedosos viven en la creencia de que si les escuchan y les votan recibirán una parte del pastel de su paraíso, aunque sean migajas. Son ilusos conformistas y un lastre para los demás.

Sin embargo, las crecientes desigualdades hacen alejar objetivamente toda idea de ese mito capitalista del “café para todos”. Tengo la esperanza de un despertar colectivo cuando además del “café” falte el pan y los enfermos se mueran por falta de medicinas o por no poder pagar los hospitales. El despertar es inevitable y nos aguarda el futuro que queramos.

La economia del bien comun

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

  

 

 
En nuestra sociedad se está produciendo un empobrecimiento de la mayoría de la población como consecuencia de una acumulación, nunca vista, de recursos en muy pocas manos. El crecimiento sin fin; la competencia feroz; el odio al contrario; el individualismo egoísta, llevarán sin lugar a dudas a la destrucción del ser humano. El capitalismo feroz o neoliberalismo es tan nefasto como lo fue en su día el estalinismo. Si no cambiamos nuestras sociedades, acabaremos la mayoría de la población siendo esclavos de una minoría que tendrá en sus manos todos los recursos y bienes del planeta. 

Resulta alentador ver que existen personas que desarrollan alternativas más humanitarias y pensando en la mayoría de la población del sistema capitalista imperante hoy día. Ha surgido así, la economía del bien común, sistema económico alternativo al capitalismo, desarrolada en el libro del mismo nombre por el economista Christian Felber. 

 

A grandes rasgos, la economía del bien común se puede caracterizar por:

 

- todos sus actos se basan en las relaciones humanas: confianza, cooperación, aprecio, solidaridad, acción de compartir. Se cambia el balance financiero como medida principal, que sigue existiendo, por la contribución al bien común, denominándolo balance del bien común. Mide rendimientos sociales, ecológicos, democráticos y de justicia distributiva. Todo ello conformará el 

nuevo sentido de éxito empresarial; 

 

- las empresas con los mejores balances obtendrían incentivos y ventajas legales que les permitiría obtener mejores márgenes pudiendo ofrecer sus productos a mejor precio que los productos no éticos: tasas de impuestos reducidas, créditos con intereses reducidos, prioridad en la compra pública, programas de investigación, etc; 

 

- las desigualdades en las rentas y en la propiedad serían limitadas. De esta manera no se permitirían salarios de más de 20 veces el salario mínimo; la propiedad privada no podría exceder de 10 millones de euros. 

 

- en las empresas grandes, de más de 250 trabajadores, la propiedad estaría compartida con los empleados y ciudadanos formando lo que han denominado parlamentos económicos. Los gobiernos no podrían intervenir, ni tener propiedad en estas empresas; 

 

- existirían tres tipos de empresas: las pymes privadas, las grandes empresas de propiedad mixta y las denominadas bienes democráticas: escuelas, universidades, hospitales, abastecimiento de aguas, de energía, banca, etc. Tampoco los gobiernos podrían intervenir en estas empresas; 

 

- los mercados financieros, tal y como los conocemos hoy, deberían desaparecer; 

 

- todo ello, se complementaría con cambios en la representación política. Así, los defensores de la economía del bien común, abogan por complementar la democracia representativa con la democracia directa y participativa. De esta manera se propone que el pueblo soberano pueda corregir a sus representantes en el parlamento: iniciar y adoptar leyes; iniciar y adoptar cambios en la Constitución y controlar áreas claves de la economía como son los bienes democráticos. 

 

A mí, como empresario no me disgusta este nuevo sistema. Cosas con las que yo soñaba como: limitación de salarios máximos, eliminación de toda especulación, limitación del tamaño de las empresas, etc., ya estaban siendo elaboradas por autores y un ejemplo de todo ello, es esta economía del bien común. No sé si será practicable, pero sí sé que es una forma de que no nos comamos unos a los otros y nos destruyamos hasta la muerte. Empecemos a ponerlo en marcha y la mejor manera es que leamos y difundamos todo lo posible esta alternativa al sistema capitalista vigente. 

Seguramente, como dicen los autores, habrá que cambiar y corregir cosas, pero que no perdamos el norte: lo que queremos es el bien de la mayoría. Este sistema se adapta perfectamente a nuestro republicanismo de izquierdas, por lo que podríamos adoptarlo como sistema económico propio. 

 

Finalmente, decir que estos cambios han demostrado a lo largo de la historia, que no se producen pacíficamente, sino que transcurren a través de rupturas con los sistemas anteriores de manera dramática, violenta y sangrienta. Esperemos que los poderosos sean lo suficientemente inteligentes, para que el próximo cambio que está por llegar, permitan que se haga de manera pacífica y escalonada. De ellos depende, sin duda alguna. 

 

Una Europa con dos núcleos

La UE no puede avanzar sin Reino Unido. Por razones históricas y pragmáticas, debería asumir la dirección de la política exterior y de seguridad, mientras Alemania conduce la política fiscal y bancaria

La relación entre Reino Unido y sus socios de la UE ha llegado a un momento crítico. Ambas partes deben abandonar sus tópicos.
Aparte del previsible tedio y horror de la cumbre presupuestaria que celebra la UE esta semana, ¿a qué puede aspirar Europa para los próximos años? Existe una horrible simetría entre las respuestas que ofrecen los euroescépticos británicos y las de los eurófilos continentales. Ambos plantean una elección binaria: o Reino Unido sigue a Alemania y Francia en su campaña para tener “más Europa”, o se aleja cada vez más. Las dos partes, hasta las narices una de otra, han llegado casi a ese punto en el que preferirían decir: “Bueno, pues nos separamos”. Tú sigue tu camino, y yo seguiré el mío.
Se equivocan. Si hubiera más imaginación política a los dos lados del canal, avanzaríamos hacia una Europa que no tenga un núcleo duro sino por lo menos dos. Alemania, Francia y otros países de la eurozona deben profundizar su unión monetaria, con una unión bancaria y ciertos elementos de una unión fiscal y, por consiguiente, política. A medio plazo, Reino Unido no va a formar parte de eso. Pero eso no quiere decir que la eurozona tenga que ser el núcleo duro de todo lo que haga la UE. ¿Por qué va a ser así?
El núcleo duro en el que los británicos deberían conservar un papel fundamental es el de la política exterior y de seguridad de la UE. En este ámbito, el que desentona no es Reino Unido, sino Alemania. Durante los últimos 20 años, Alemania ha construido su propia relación energética bilateral con Rusia y su propia relación comercial y de inversiones con China. El año pasado, Alemania se alineó con China y Rusia al negarse a que la ONU apoyase la intervención encabezada por Francia y Reino Unido en Libia. Recientemente, Berlín vetó la fusión de EADS y BAE, que habría proporcionado a Europa un gigante aeroespacial de dimensiones mundiales. ¿Quiénes fueron los malos europeos en ese caso?

Francia seguiría desempeñando un papel muy importante en ambas áreas de decisión

Los complejos históricos y los intereses internos de Alemania hacen que sea incapaz de dirigir con audacia la proyección de poder hacia el exterior que necesita la UE para defender nuestros intereses y nuestros valores comunes en un mundo de gigantes emergentes como China. Los complejos históricos y los intereses internos de Reino Unido hacen que no esté dispuesto a integrarse en la nueva unión monetaria y económica dirigida por Alemania.
Muy bien, pues, ¿por qué no proponer una división del trabajo? ¿Por qué no dejar que Reino Unido asuma una posición de liderazgo en un núcleo duro dedicado a la política exterior y de seguridad, mientas Alemania hace lo mismo en el de política económica y monetaria? Francia, desde luego, seguiría desempeñando un papel muy importante en los dos. Con el tiempo, otros países como Polonia confían en poder hacerlo también.
Sería complicado, sin duda; pero la complejidad organizativa no es el verdadero obstáculo para esa Europa de dos núcleos. Es la falta de imaginación y voluntad política. Una carencia que se observa de manera espectacular en Reino Unido. El primer ministro británico, David Cameron, se las ha arreglado para meterse en un callejón sin salida, porque no puede dar la impresión de que está a favor de “más Europa” en ningún aspecto. Independientemente de sus convicciones personales, tiene tanto miedo a sus propias bases euroescépticas del Partido Conservador y al aumento de votos que está experimentando el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), que el simbolismo político de decir: “¡Ni un penique, ni una pulgada más!” está por delante de cualquier cálculo pragmático sobre los intereses nacionales.
Si la suma de dinero en el presupuesto de la UE fuera la verdadera cuestión, habría un acuerdo. En relación con el gasto global, la diferencia entre las cifras que propone Londres y las que propone Berlín es pequeña. Pero se puede hacer que esas sumas parezcan enormes y que Cameron dé imagen de debilidad en la portada del diario de más tirada, The Daily Mail. Y en política, esa apariencia es la realidad.

Los políticos europeos se aferran a la visión anticuada de una Europa en “círculos concéntricos”

Es posible que Reino Unido esté en otro planeta, pero algunos destacados políticos del continente tampoco ayudan. Siguen aferrados a una visión anticuada de una Europa de “círculos concéntricos”, en la que Francia y Alemania están en el centro magnético del círculo más escogido. Reconocen que tenemos una Europa “de varias velocidades”, con una vanguardia de Francia, Alemania, Bélgica y otros que van más deprisa, España, Suecia y Polonia algo más despacio, y Reino Unido al final de todo. Lo que insinúa, con cierta condescendencia, es: “Al final acabaréis llegando todos”. Pero esa metáfora de las velocidades no tiene en cuenta en absoluto la realidad ni los peligros de lo que está sucediendo. Ya tenemos una Europa de múltiples grupos y múltiples niveles, y ahora está a punto de convertirse en una Europa de múltiples direcciones. Cuando los componentes de cualquier comunidad política empiezan a moverse en direcciones diferentes, esa comunidad deja de integrarse y pasa a desintegrarse.
Por el momento, Reino Unido es, para la mayoría de sus socios europeos, el hombre de negocios de mediana edad en una caricatura de The New Yorker, que está en la cornisa exterior de su despacho, a 18 pisos de altura. Algunos de nuestros amigos europeos (en el sentido de amigos en Facebook) dicen: “¡Venga, salta! ¡Salta de una vez!”. Pero la mayoría de ellos nos están pidiendo que no saltemos. Hace unos meses, en Siena, oí cómo el presidente italiano, Giorgio Napolitano, un antiguo comunista de 87 años, hacía un apasionado llamamiento al Reino Unido para que no se separe de Europa. Esa misma noche, el ministro polaco de Exteriores, Radek Sikorski, un anticomunista todavía joven, transmitía un mensaje casi idéntico a su público de Blenheim Palace, cerca de Oxford. Derecha e izquierda, oriente y occidente, jóvenes y viejos, todos gritan lo mismo: “¡No lo hagas!”.
Ahora bien, este mensaje de los preocupados colegas de Reino Unido en la ventana del despacho sería más convincente si por lo menos tuvieran en cuenta la posibilidad de que, en el futuro, la empresa pueda hacer las cosas de manera ligeramente distinta. Mi idea de una Europa de dos núcleos es una forma de imaginarlo.
Que no haya equívocos: hay pocas posibilidades de que este primer ministro y este Partido Conservador se muestren más positivos sobre cualquier aspecto relacionado con Europa hasta después de las próximas elecciones. Entonces será necesario un referéndum sobre “quedarse o marcharse” para que Reino Unido abandone la cornisa... o salte de una vez por todas. Pero existe un importante debate que debemos llevar a cabo, desde ahora mismo, con el fin de saber qué es exactamente esa entidad de la que el pueblo británico debería decidir si se marcha o se queda. Muchas de las cuestiones que tanto obsesionan a los euroescépticos británicos —la directiva de tiempo de trabajo, la orden de detención europea, etcétera— son secundarias. Mientras tanto, la eurozona hará lo que tenga que hacer, o si no fracasará. Habrá una negociación importante para garantizar que el resultado no perjudique los intereses británicos, por ejemplo con las regulaciones de la nueva unión bancaria o los cambios que se introduzcan en el mercado único.
Pero la verdadera pregunta, tanto para los proeuropeos en Reino Unido como para los probritánicos en Europa, es esta: ¿existe algún área política fundamental en la que Reino Unido podría, debería y sabría hacer más en y por Europa y, por tanto, por sí misma? Si podemos dar con una buena respuesta a esa pregunta, cambiaremos los términos del debate en las dos orillas del canal y tal vez incluso acabemos teniendo una Europa mejor.

Juego sucio

Es inaceptable que el Gobierno se lave las manos sobre un escándalo policial en vísperas del voto 

Las elecciones convocadas para mañana en Cataluña tienen el valor de una primera consulta sobre el soberanismo reivindicado por CiU y por su candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, que ha pedido una “mayoría excepcional” para llevar a cabo sus planes. Solo a partir de la huelga del 14 de noviembre han aparecido en la campaña asuntos relacionados con el paro, los recortes al gasto sanitario y educativo o si es viable una Cataluña separada de España y fuera de la UE. Apenas esos debates comenzaban a abrirse paso, el terreno de juego electoral se ha visto súbitamente embarrado por la utilización de un presunto informe policial sobre cuentas secretas atribuidas a personas importantes en CiU, entre ellos Artur Mas y Jordi Pujol, así como pagos en efectivo que “podrían corresponder” a Felip Puig. En plena campaña electoral, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado por hecho que tales cuentas existen y ha pedido explicaciones a sus tenedores en vez de contar lo que él pueda saber.
Los ciudadan6os tienen derecho a conocerlo todo sobre la evasión de impuestos por parte de los políticos. Pero lo que no tiene pase en un Estado de derecho es que delitos supuestamente descubiertos por cuerpos policiales o por la Agencia Tributaria se mantengan en secreto, discurran por canales irregulares o sean hurtados a la justicia. No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Lo que la policía y la Agencia Tributaria hayan indagado a partir del llamado caso Palau tiene que hacerse dentro de la legalidad. Resulta insoportable que un Gobierno emanado de las urnas se sitúe en el terreno de la ambigüedad respecto a la realidad o no de investigaciones practicadas bajo su responsabilidad, en vez de obligar a explicarse al director de la Policía, Ignacio Cosidó, y desde luego al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Tampoco es pequeña irregularidad la forma y el momento en que ese papel ha sido comunicado al juez del caso Palau: lo ha llevado a cabo un sindicato policial, el SUP, tras una semana de intensa explotación del contenido que afectaba a CiU (no así a otros) en los medios de comunicación, a partir de su filtración. El jefe de la unidad policial a la que pertenece el membrete del documento niega que haya sido elaborado en su departamento, mientras el SUP lo atribuye a “policías indignados” de que sus investigaciones caigan en saco roto. El texto en cuestión no detalla nada sobre el presidente de la Generalitat, sino que se limita a una colección de datos anónimos e insinuaciones sobre el “padre de Artur Mas” o familiares del expresidente, Jordi Pujol, además de una comisión supuestamente entregada a la fundación FAES (presidida por José María Aznar). La copia del supuesto informe distribuida a la prensa por el SUP también es anónima: carece de sello, fecha y firma del autor.
La utilización de tal documento en campaña tensiona a los electorados del nacionalismo catalán y del Partido Popular. Pero más allá de los efectos que tenga mañana en las urnas, es inaceptable que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior hayan intentado sostener que no saben nada. Sobre todo después de que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, diera ayer por bueno un informe policial del que nadie se hace responsable. El PP vetó las peticiones para que los ministros de Interior y Hacienda se explicaran urgentemente en el Congreso, lo cual deja clara su nula voluntad de aclarar el escándalo antes de la votación. No sabemos de las intenciones de quienes han decidido intervenir de este modo en la campaña catalana, pero todo parece indicar que el Estado se sienta sobre una cloaca incompatible con la democracia.

Mal precedente

La decisión de un tribunal de EE UU sobre el pago de la deuda argentina puede generar problemas a países en dificultades

El juez Thomas Griesa de la Corte Federal de Nueva York ha puesto a Argentina en un brete y sentado un precedente que puede resultar preocupante para otros países que reestructuren su deuda. Argentina negoció entre 2001 y 2010 varias quitas, de hasta el 65%, con un 93% de sus acreedores. No buscó el acuerdo con el 7% restante de acreedores, entre ellos dos fondos —en su día acogidos como inversores y posteriormente calificados de “fondos buitre” por los Kirchner—, que han buscado en los tribunales que se les pague lo que se les debe, Y lo han hecho ante la justicia de EE UU porque así lo aceptó el Gobierno de Buenos Aires cuando negoció las quitas.
El juez ha decretado que Argentina debe depositar antes del 15 de diciembre en una cuenta especial los más de 1.000 millones de euros que reclaman estos fondos, y pagarles antes que a los demás. No es “mandar la Quinta Flota”, como ha dicho el titular de Economía Hernan Lorenzino, pero el fallo podría encarecer la financiación de las exportaciones y dañar a los inversores, con el riesgo de llevar al país a una suspensión de pagos técnica.
Argentina tiene tres salidas: la que va a seguir, de recurso ante el Tribunal de Apelación, y si no le da la razón, llegar hasta el Supremo de EE UU; acatar la sentencia, lo que rechaza de plano; o llegar a un acuerdo extrajudicial con estos fondos. Dada la mencionada precariedad de la financiación exterior y la necesidad de despejar dudas sobre la fiabilidad de su Estado, quizás acabe teniendo que optar, a regañadientes, por esta última solución.
En todo caso, no es solo la suerte de Argentina la que está en juego. El caso ha disparado las alarmas de los países que han renegociado o piensan renegociar sus deudas, como Grecia. Si la justicia hace pasar por delante a los que rechazan un acuerdo sobre los que aceptan las quitas, las estrategias del FMI y del Banco Mundial se pueden venir abajo.

Sobre la libertad de expresion

Sobre la libertad de expresión

LA DEMOCRACIA ES FUNDAMENTALMENTE un sistema de gobierno que garantiza que los ciudadanos que piensan distinto a los que ostentan el poder no se anulen como agentes políticos, sino que puedan hacer oposición y que el sistema les garantice por lo menos la posibilidad de un eventual acceso al gobierno.

Eso no es posible sin libertad de pensamiento y expresión, y en particular, sin la expresión mediática. La comunicación no es sólo de individuo a individuo, sino del individuo como parte de su sociedad. De aquí la importancia de la opinión pública, la cual, entre otras, rara vez es una. De hecho, rara vez se concreta. Pero por móvil y heterogénea no pierde valor. Mucho gana la sociedad al seguir de manera paralela las discusiones políticas, así como las académicas. Si los proyectos, saberes y los valores no se socializan, nunca se ponen a prueba y, por consiguiente, jamás se revalúan.
Es trabajo de los medios garantizar que haya autonomía en la comunicación de los distintos movimientos de la sociedad, como es trabajo del gobierno fomentar la multiplicidad de medios. La objetividad del conocimiento no reside en la seriedad de la fuente, sino en la confluencia de las distintas perspectivas que, en agregado, presentan una imagen más matizada y amplia que la posición necesariamente parcial de cualquier observador particular. Mal hacen, por ello, todas las iniciativas que pretenden reducir el espectro mediático de una sociedad. En especial, porque aunque las instituciones democráticas se han consolidado, todavía hoy la tolerancia y el respeto decidido a la libertad siguen sin afianzarse.
Por su importancia, sorprende la abundancia reciente de movimientos que pretenden restricciones a la prensa. Caso especial han sido las avalanchas de críticas que han recaído sobre el presidente Chávez por razón de su acoso a los medios. El caso más reciente es el de la prohibición de imágenes en las que figuraran abusos o muertes. El mandatario venezolano consideró, después de la publicación este agosto de una masacre en el diario El Nacional, reprochable y “pornográfico” el manejo que la prensa le estaba dando al tema de la violencia. Sin más, estableció la censura.
A esta realidad, tristemente, se suman movimientos nacionales. En febrero de este año, José Hernando Romero Serrano instauró una acción popular en contra del diario El Espacio por contenidos que él consideró, en otro contexto, también pornográficos y, por tanto, peligrosos para la salud mental de los menores que accedieran a ellos. En la misma línea, la senadora Claudia Wilches presentó en agosto un proyecto de ley que busca restringir en los medios de comunicación impresos las imágenes “impúdicas” y amarillistas. Por fortuna, la acción popular no prosperó en el Consejo de Estado y es de esperar que el proyecto de ley tampoco lo haga en el Congreso.
Pese a ello, no deja de preocupar, de un lado, la tendencia a abogar en voz propia por la moral pública —tan heterogénea y móvil como la opinión pública— y, del otro, la clara tendencia prohibicionista cuando impera el desacuerdo. Hay temas que son de debate, sin duda. No obstante, es reprensible que en espacios democráticos prosperen las ideas de acallar, ocultar y restringir a la fuerza aquello que no conviene o no se comparte. En especial, cuando se decide de paso censurar a los medios que permiten el debate. Cerrar los espacios de discusión es peligroso. Ojalá las generaciones que no han vivido la represión no tengan que hacerlo para entender sus alcances perversos.

Ecología

 Ecología

En la sociedad en la que vivimos, el consumismo es una de las cosas que siempre está en boca de todos. La sociedad actual, estructurada entorno al consumo y la producción nos lleva a consumir más de lo que realmente necesitamos. Esa necesidad de consumir es la hace que la balanza se desequilibre aún más. El lujo y la comodidad innecesaria son los que han hecho de nuestro mundo, un mundo peor, lleno de excesos.

Pero en realidad no es del consumismo de lo que quiero hablaros sino de una de sus consecuencias más directas. Hablo de la sobreexplotación de los recursos naturales, uno de los grandes problemas de la sociedad actual. La sobreexplotación de la naturaleza no es más que una consecuencia de nuestra necesidad de consumir cada vez más, sin pararse a pensar que problemas puede generar esto.

- La sobreexplotación de la naturaleza solo nos puede acarrear graves consecuencias. La población mundial actual exige una demanda de productos que los recursos naturales del planeta no pueden generar. Pero nosotros, desoyendo los consejos de los expertos, seguimos consumiendo como si todo fuera inagotable. Tiramos comida a la basura solo por que no nos gusta, o por que no tiene un color apetecible. Eso último unido a nuestra habilidad para derrochar hace que nuestro planeta no pueda generar los recursos suficientes, y cuando la demanda supera al producto ya sabemos lo que puede ocurrir.

-Además esta necesidad de producto que necesitamos y no podemos producir, hace que recurramos a otros métodos como los alimentos trasgénicos. Estos alimentos se modifican genéticamente para que crezcan más deprisa o sean más grandes. Pero el problema de estos es que no son del todo saludables debido a los productos que se usan para su modificación, los cuales muchos son desconocidos, y se desconocen sus posibles efectos sobre el ser humano.

-Encima esta sobreexplotación de los recursos, hace que las diferencias entre los países pobres y los países ricos aumenten ya que las poderosas multinacionales normalmente transportan sus negocios a países pobres.

Resumiendo, este es un problema que lejos de poder ser resuelto por políticos y organizaciones, podemos conseguir resolverlo entre todos. Si cada uno pone su grano de arena podremos conseguir reducir nuestro consumo excesivo y así construir un mundo en el que todos tengamos un lugar donde vivir.

El consumismo es una tendencia que busca adquirir productos y servicios que son innecesarios para el bienestar humano. Esta tendencia llega al grado de crear en el individuo ansiedad, vergüenza y en el entorno social, crean casos mas extremos pero a más comunes, problemas económicos y familiares, que llevan a la separación de sus miembros.

Para la psicóloga, Magdely Ventura, la predisposición de comprar de forma acelerada, depende de tres factores que forman parte del crecimiento de las personas.

Menciona, como primer momento, a la familia, pues según ella, es ahí donde el individuo adquiere patrones de comportamiento, reproduce los impulsos de los mayores, y toma como punto de referencia el actuar y pensar de quienes los tienen a su cargo.

“El niño se convierte en un imitador, ve en sus padres o encargados, un modelo a seguir, el hecho que compartas con tus hijos compras, debe ir acompañado de una reflexión, del porqué comprar determinada cosa, y cual será su uso, pero sobre todo si es necesario” justifica Ventura.

El segundo instructor de la vida en esta materia tan delicada es la sociedad, a través de las diferentes áreas y etapas: trabajo, comunidad, escuela.

Acá la presión es mucho mas fuerte pues el hecho de querer pertenecer a un grupo a veces conlleva la obligación de amoldarse a ese tipo de vida, que involucra, marcas, diseños y personalidades.

Por último, pero no menos importante, se encuentra el factor medios de comunicación. Estos se encargan de promocionar modos de vida ajenas a las realidades de los pueblos.

“Los medios de comunicación hacen un irresponsable uso de la publicidad y de la propaganda, creando en los seres pseudos necesidades. Te invitan a consumir marcas de ropa sabiendo que la necesidad de vestir no tiene distintivo, o te incitan a consumir comida comercial que no alimenta en lo mas mínimo el organismo”. Enfatiza la Psicóloga.

El consumismo aparentemente no es dañino y perjudicial, pero qué pasa cuando los valores y sentimientos son hechos a un lado por cosas materiales. ¿Cómo?....Veamos, muchos niños prefieren de sus padres un regalo que puede ser un lindo juguete, que un abrazo o un beso. Muchos chicos condicionan a sus padres para hacer determinada acción. La obediencia, el amor y el cariño se condicionan a un objeto con valor únicamente comercial.

La psicóloga recomienda romper con el paradigma del consumismo desde el hogar, este patrón cultural se combate con planificación y toma de coincidencia.

Además cree necesaria la participación de los padres de familia en los centros de estudio, (a través de escuelas de padres) el compromiso de los medios de comunicación para promover los valores y sujetar aquellas campañas que abusan del factor consumo.

La izquierda y la lucha democratica en Cuba

 La izquierda y la lucha democratica en Cuba

Es un hecho absolutamente urgente y necesario que toda la izquierda —incluida la que en Cuba pugna, de forma esperanzadora, por reconstituirse como alternativa y esperanza frente al orden vigente y las falsas promesas del neoliberalismo— exija más de sí a los regímenes democráticos “realmente existentes”. El cuestionamiento a la aguda crisis de las instituciones representativas —los partidos en primer lugar—, la demanda insatisfecha de regulación y control público de los poderes fácticos —empresas y medios, por ejemplo—, la denuncia de los avances fundamentales —desde el Medio Oriente asiático al Medio Este estadounidense— y la beligerante presencia de los movimientos sociales, son apuestas insustituibles en la agenda de cualquier demócrata y luchador social del siglo XXI.

Dentro del heterogéneo panorama de lo que se ha dado a llamar “nueva izquierda cubana” parece haber claridad al respecto. Hay justa conciencia de que si únicamente se demanda la instauración formal de libertades y derechos, bajo un esquema de privatización económica y de partidos en competencia, solo estaríamos sustituyendo una élite dominante por otra. Sin embargo, en un contexto que dista mucho de garantizar hoy los mínimos vitales del ejercicio democrático, no parecer existir entre nosotros idéntico consenso en cuanto a la necesidad de asumir los contenidos y horizontes —organizativos, procedimentales y axiológicos— de un proyecto democrático. Proyecto que, por ser tal, supone la unión de lo participativo y lo representativo, de derechos formales y políticas sustantivas y la articulación bajo marcos universales —pero siempre cambiante y conflictiva— de una dimensión institucional y otra ciudadana.

Muchas veces la experiencia ajena puede servir de espejo para la búsqueda propia. La historia reciente de los españoles —y la de los mexicanos, que conozco un poco más— demuestra que, sin abandonar los proyectos alternativos al orden global, la izquierda tiene que pronunciarse y hacer causa común, en el aquí y ahora de cada contexto nacional, con aquellas fuerzas políticas que abracen elementos básicos de la democracia, siendo esta una condición para que la realidad pueda moverse hacia mejores escenarios. En España, semejante decisión hizo posible, en la cresta de amplias movilizaciones sociales, el establecimiento de los acuerdos mínimos que permitieron quebrar definitivamente el poder del franquismo —cuyas fuerzas, pese a sus reformas liberalizadoras y la muerte del Caudillo, seguía reprimiendo a la ciudadanía a fines de los 70— y condenar a la derrota a intentonas golpistas como la de 1981.

En México, la actitud democrática y no sectaria de lo mejor del liderazgo y la militancia de izquierda permitió, a partir de la última década del pasado siglo, la conformación del primer gran partido progresista, la realización de elecciones no ornamentales —aunque todavía vulneradas— y el inicio de la incompleta transición sin la cual el poder omnímodo del Partido Revolucionario Institucional no habría llegado a su fin. Como ha expuesto de forma magistral la académica, ex-guerrillera y militante socialista Rosa Albina Garavito: frente al régimen autoritario mexicano la demanda democrática fue lo suficientemente universal para abrazar a la sociedad en su conjunto, para proyectar la acción y demandas de sujetos que reivindicaron su condición de ciudadanos —dotados con derechos individuales— y de trabajadores —que defienden sus derechos colectivos— y para sintetizar, sin sustituirlas, las diversas luchas sociales[1]. ¿No hay en ello nada valioso que aprender para el caso cubano?

Ello no significa que ambos cursos evolutivos nacionales sean caminos al Paraíso. Ver en lo que se han convertido el Partido Socialista Obrero Español o el Partido de la Revolución Democrática —maquinarias profesionales afincadas en la lógica del poder— y los propios traspiés de ambas democracias —con las viejas fuerzas dominantes retornando al gobierno por la vía electoral— hace que, si uno es un ciudadano español o mexicano con simpatías progresistas, esté justamente insatisfecho con sus desempeños. Y saliera legítimamente a acampar, con los Indignados, en la Plaza del Sol o a participar en las asambleas del movimiento “#Yo soy 132” en Ciudad Universitaria, como forma de decir “basta” frente la corrupción y desprestigio de las respectivas elites políticas y sus aliados, ampliando la frontera de lo políticamente correcto y posible.

Pero casi nadie, entre la gente que conozco y respeto en ambos países, cree que la búsqueda de alternativas en pro de una radicalización de la democracia, suponga la negación y abandono de los avances de esas democracias defectuosas y de los derechos conquistados —y permanentemente amenazados— que las sustentan. Solo algunos amigos altermundistas defienden en exclusiva el futuro de una “democracia de movimientos”; sin embargo, no parecen tener muchas respuestas a mis dudas sobre la forma en que gestionarán, a escala nacional, la vida cotidiana en una sociedad compleja, al margen de leyes e instituciones. Sobre todo no me explican cómo podrán instaurarla sin apelar a medios compulsivos o sin acudir a la idealización de lo que supuestamente “el pueblo querrá”, identificándolo con su propia agenda.

Sucede también que los más jóvenes entre estos amigos nunca han vivido bajo un régimen autoritario, y entre ellos algunos dan por sentado que los vicios de sus democracias vulneradas son los peores escenarios de la política humana, pero quienes conocemos otras realidades sabemos, en carne propia, que no es así. Porque, por ejemplo, entre las utopías de los Indignados en la democracia española, de los estudiantes de la primavera mexicana y de mis compañeros del Observatorio Crítico cubano existen diferencias que son cualitativamente notables e importantes. Diferencias que permiten, por ejemplo, que nuestros camaradas madrileños puedan legalmente hacer cosas que están vedadas a los vecinos de San Cristóbal de la Habana. Y que las formas y posibilidades de organizarse, defenderse de la represión, difundir el mensaje y gestar recursos también difieran.

Además, en el plano específicamente académico, en la Isla seguimos arrastrando un grave problema epistemológico y político: la importación mecánica —reforzada por la colaboración con redes académicas latinoamericanas— de temas y conceptos democráticos postneoliberales, pero desconectándolos de las condiciones de posibilidad cubanas. Es un asunto que llevamos discutiendo hace algún tiempo entre colegas, por cuanto se cuela en nuestras agendas investigativas de forma ora subrepticia ora consciente, generando una suerte de esquizofrenia analítica que afecta la capacidad de interpretar la realidad real.

Porque se precisa tomar nota de las condiciones en que estas innovaciones democráticas globales han tenido lugar. Fenómenos como el nuevo constitucionalismo andino o el consejismo participativo sudamericano pueden ser vistos como la síntesis institucionalizada de movimientos sociales de décadas pasadas y como una radicalización de la democracia, más allá de la gobernabilidad de élites promovida por los neoliberales. Y resulta positivo que los análisis y propuesta que se hagan —para la reforma del orden vigente o la arquitectura democrática de la república futura— incorporen esos avances que son, en buena medida, fruto preciado de las luchas y cambios culturales de la mejor izquierda planetaria.

Pero semejante “giro epistemológico” no debe llevarnos a ignorar la diferencia de contexto, actores y reglas que separan a Estado de Derecho —como el plasmado en la Constitución brasileña de 1988— de un régimen afirmado sobre amplísimos Derechos del Estado, como el cristalizado en la Carta Magna de 1976 y retocado en 1992 y 2002. Pasar por alto rasgos centrales como la fusión gobierno-estado-partido, las formas de interpretación y sanción oficial de los derechos consagrados constitucionalmente y la precariedad de la esfera pública política, para creer que nuestros escenarios son los de Quito o La Paz —no digamos ya los de Montevideo o Porto Alegre— es una osadía intelectual que raya en la irresponsabilidad cívica. Es como pensar, bajo los influjos de un inmenso porro, que las demandas de transportación de unos atribulados campesinos se resolvieran construyéndoles un cosmódromo en el centro del batey.

Tenemos que abrazar la lucha por una democracia tangible, para, simultáneamente, hacer lo imposible por su radicalización. Si ignoramos la necesidad de un diálogo y debate con otras corrientes ideológicas, el apoyo a iniciativas que apuesten por la construcción de consensos democráticos básicos y la discusión realista sobre el tipo de sociedad y régimen que podemos lograr, las oportunidades de esta “nueva izquierda” se comprometen. Y corremos el riesgo de convertirla en un derroche de valiosas energías, una oposición testimonial al orden vigente y, acaso, una reserva intelectual para el mañana neoliberal y autoritario que se avecina.

Quienes con valor, constancia y creatividad impulsan en Cuba movimientos y militancias alternativos —ambientales, de género, comunitarios— y defienden con énfasis los derechos de tercera y cuarta generación deberían sumarse con igual ímpetu a la defensa y respeto universales de las libertades y derechos civiles y políticos, que son una conquista ganada en luchas sociales desde los siglos XVIII y XIX y que son simplistamente presentados como “liberales” o “burgueses”. Valdría también la pena reevaluar la fobia a las instituciones representativas, la apología de un movimientismo anclado en lo micro y las apuestas abstractas por la emancipación. Sin por ello abrazar acríticamente el pragmatismo cortoplacista de cierto liberalismo social, que abandona las luchas y conquistas históricas de los sectores populares e ignora las demandas de “inventar” nuevas formas de emanciparnos: en el ágora y la fábrica, el aula y el hogar.

Una prueba de madurez política reside en saber definir si lo que uno desea —de acuerdo al credo personal— es incompatible con la participación en iniciativas que, sin perjuicio de estas ideas y valores, puede servir para construir consensos y mecanismos amplios, capaces de superar los problemas nacionales. En estos tiempos de reformas, la solidaridad con los empobrecidos trabajadores tiene que ir de la mano de la defensa del ciudadano, las soberanías —nacional y popular— defendidas con simétrico denuedo frente a las dominaciones foráneas y domésticas y —como insistía mi lúcida profesora de Historia Contemporánea— acabar de reconocer que la lucha por la democracia es parte integrante de la lucha por el socialismo.

Lo excepcional y lo general

Tomar el caso particular por general, y viceversa, y perder la coherencia con lo ya regulado son las dos principales amenazas para un sistema normativo eficaz.

Lo anterior guarda relación con las discusiones que se han producido en los últimos meses acerca de la protección de los deudores hipotecarios desahuciados de sus viviendas.

A la hora de determinar el ámbito general de la normativa en materia de desahucios, no debe olvidarse que los casos de insolvencia o de morosidad en las carteras hipotecarias representan una clara minoría. Apenas son ligeramente superiores al 3% del total. De la parte considerada morosa, una porción menor es la destinada a primera vivienda. De la morosidad de primera vivienda, una parte más reducida se refiere a deudores que no tienen otros recursos y que, caso de ser desahuciados de sus viviendas, perderían cualquier posibilidad de ser realojados.

Las medidas normativas que se adopten no pueden alterar el esquema general de cumplimiento de las obligaciones propio de nuestro sistema normativo y que tantos siglos ha costado construir. Este esquema general, basado en el principio de responsabilidad patrimonial universal, es el que ha conducido a tan bajas tasas de morosidad o, dicho de otro modo, a un principio de general cumplimiento de las obligaciones. ¿Alguien podrá afirmar que lo deseable sería que el cumplimiento de las obligaciones fuera excepcional? Si así fuera, lo que se tornaría en verdaderamente excepcional o prohibitivo sería el crédito, limitando en consecuencia el acceso a la vivienda en propiedad a los pocos afortunados que pudiesen pagarla de una vez y antes de entrar en su posesión.

El Real Decreto-Ley 27/2012, aprobado el pasado jueves, ha pretendido tratar con carácter excepcional lo que es excepcional y no tornarlo en regla general. Debe además tenerse en cuenta que el ámbito propio del decreto ley, según el artículo 86 de la Constitución, viene constituido por las medidas de extraordinaria y urgente necesidad.

Este Gobierno es el primero que ha mostrado una preocupación ante el problema de los desahucios y ha adoptado medidas al respecto, empezando por el Real Decreto Ley 6/2012, que contiene el conocido Código de Buenas Prácticas. Este código es de adhesión voluntaria por las entidades de crédito pero, una vez producida la adhesión, su contenido se torna en imperativo (con verdadera fuerza de ley) durante un plazo de dos años. Es un sistema jurídico novedoso que va más allá del denominado soft law anglosajón. Es literalmente una ley de adhesión voluntaria, pero con verdaderos y plenos efectos de ley, una vez producida la adhesión. La práctica totalidad de las entidades financieras españolas se han adherido al Código y se encuentran en la actualidad vinculadas por sus preceptos, lo que sin duda supone un gran avance.Dentro de este real decreto, se han criticado especialmente los umbrales fijados para definir los segmentos de población más vulnerables y merecedores de la tutela que otorga la norma aprobada el jueves pasado. Se han puesto de manifiesto numerosos agravios comparativos que podrían resumirse en la "paradoja del decimal". ¿Qué ocurre con una familia que gane 3,1 veces el IPREM? ¿No es tan merecedora de protección como la que gana tres veces exactas? Probablemente sí, pero es necesario, inevitable, señalar límites. Los que finalmente se han establecido se han fijado de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, recogiendo los colectivos que en otros ámbitos de asistencia social suelen ser considerados vulnerables y aplicando en definitiva un criterio coherente en esta materia.

Se puede plantear por qué dicho Código no tuvo carácter obligatorio desde un principio. La razón es relativamente sencilla: la alteración de las obligaciones contraídas, durante la vigencia de las mismas y en perjuicio de una de las partes, es un caso claro de retroactividad que conduce a la inseguridad jurídica. Y, lo que es más grave, hubiera dado lugar a un sinfín de pleitos y a una merma de la eficacia real de la norma. Mediante el sistema utilizado, se ha logrado que la aplicación del Código sea pacífica dentro de sus umbrales. Cuestión distinta es que dichos umbrales sean excesivamente restrictivos. Es posible, pero dada la falta de estadísticas fiables en la materia y el escaso tiempo de funcionamiento efectivo del Código, es preciso recopilar más datos para comprobar la necesidad de alterar dichos límites. En todo caso, ya se han producido las primeras reestructuraciones de deuda e incluso las primeras daciones en pago con alquiler social al amparo del Código y podemos estar seguros de que vendrán más en el futuro.

Otro aspecto sobre el que la gente se ha interrogado estos días es la razón por la cual el Gobierno y el principal partido de la oposición no han sido capaces de llegar a un acuerdo en una materia tan trascendental como esta. La razón fundamental es que el PSOE quería acometer en un decreto ley negociado en tres días todas las reformas que no quiso o no pudo hacer en toda su etapa de Gobierno, cuando la crisis ya se había manifestado en toda su plenitud. Lamentablemente un decreto ley no es el vehículo normativo adecuado para ello.

¿Hacia dónde se encaminarán las medidas que se adopten en un futuro próximo? Hay que distinguir un triple ámbito: la deuda, la garantía, y el procedimiento de ejecución. En cuanto al primero, hay que ser claros, las deudas deben pagarse. No puede haber atenuación a tal principio, pero sí medidas que eviten el sobreendeudamiento personal y que permitan en el futuro una mayor prudencia financiera por parte de deudor y de acreedor. En el ámbito de las garantías, cabe adoptar algunas medidas tendentes a evitar la sobretasación y a hacer a ambas partes corresponsables de una excesiva devaluación de la garantía (el Código de Buenas Prácticas ya contenía un regla de determinación de la quita basada en este principio). En una garantía excesivamente sobrevalorada concurren la responsabilidad del deudor y del acreedor y en el futuro debería deslindarse dicha responsabilidad sin que recayese sistemática y exclusivamente en el deudor. Finalmente el procedimiento de ejecución hipotecaria, tanto judicial como extrajudicial, ha mostrado ciertas ineficiencias que han impedido lograr uno de sus objetivos primordiales: conseguir el mayor valor posible del bien subastado con el fin de lograr la mayor redención posible de la deuda. Es preciso, por último, lograr un verdadero mercado nacional de bienes subastados en el que existan múltiples ofertas competidoras, pero no debe perderse de vista que si se pretende transformar el proceso ejecutivo en declarativo, con infinitas discusiones sobre los derechos de las partes, la garantía hipotecaria perdería su eficacia con el lógico encarecimiento del crédito.Un decreto ley permite adoptar medidas de rango legal que sean de extraordinaria y urgente necesidad, pero no son el medio idóneo para reformar con amplitud leyes estructurales de nuestro ordenamiento jurídico como son la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley Concursal u otras de semejante trascendencia y complejidad. Cualquier reforma en estas materias y en estos cuerpos legislativos debe ser cuidadosamente meditada, de tal forma que la solución al indudable problema social existente no conduzca a perder la cultura de pago tan profundamente arraigada en nuestra sociedad. Debe decirse, no obstante, que las discusiones no han sido estériles y que hemos podido encontrar numerosas coincidencias en los planteamientos de ambas partes, quedando abierta la vía del acuerdo en sede parlamentaria, cuando se tramite la convalidación del decreto ley del pasado jueves.

El problema de los desahucios es sumamente complejo y cualquier medida que se adopte debe ser cuidadosamente valorada con el fin de no producir consecuencias impredecibles e irreparables. Pero también parece evidente que en una situación de crisis como la que estamos padeciendo, en la que muchas familias se están quedando sin techo, en la que paradójicamente existen cientos de miles de viviendas vacías y en la que se está haciendo un gran esfuerzo colectivo para sanear el sector financiero, es obligación del Gobierno adoptar medidas en beneficio de los más desamparados. Así lo está haciendo.